El Supremo aumenta las esperanzas de los que reclaman la titularidad de las fosas de La Palma.

Una sentencia del alto tribunal establece que la Iglesia inmatriculó de forma indebida bienes de dominio público en Arta, un municipio de Baleares que ha mantenido un litigio por este asunto durante ocho años. Mientras, en un juzgado de instrucción de Cartagena sigue adelante la reclamación de 129 familias que afirman que nichos y panteones del centenario centenario palmesano son de su propiedad y no del obispado.

Inmatricular es la inscripción por primera vez de fincas rústicas o urbanas al Registro de la Propiedad. En España, desde 1946, merced a una ley hipotecaria del franquismo, la Iglesia puede tomar como suyo cualquier bien aportando un simple autocertificado indicando que es suyo, sin necesidad de aportar título de propiedad. Según han publicado varios periódicos nacionales, la iglesia católica hizo uso de este privilegio con unos treinta y cinco mil inmuebles entre 1998 y 2015. Esta actividad poseedora ha continuado y también afecta a Cartagena, en concreto, a La Palma, donde se creó una plataforma de afectados y hay abierto desde julio de 2020 un litigio jurídico por la reclamación de más de ciento veinte propietarios de nichos, fosas y panteones contra el la diócesis de Cartagena. El asunto lo lleva el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena.

Los afectados han dado el paso adelante en pos de recuperar documentalmente unas propiedades que adquirieron sus antepasados, mientras que el Obispado afirma que lo que tienen son derechos de enterramientos. Los primeros confían en que sus documentos antiguos tengan valor ante los tribunales, pero a la vez temen entablar batalla contra un ‘pez grande’. Ahora sus esperanzas se refuerzan con un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de casación formulado por el Obispado de Mallorca contra una sentencia de la Audiencia Provincial que le otorgó la titularidad de las históricas murallas de la localidad balear de Artá al Ayuntamiento. En este caso en concreto, la batalla jurídica arrancó en 2013 y culmina ahora. Se trata de una de las primeras decisiones firmes de la justicia que pone en valor el mecanismos de muchos obispados para registrar a su nombre bienes de valor cultural. En lo que respecta a la querella del centenario cementerio de La Palma, el asunto está en la fase de instrucción.

Fuente: Cartagena de Hoy.