Ejemplares de atún rojo a los que presuntamente se les inyectaban aditivos para avivar el característico color rojo de la carne de este pescado; instalaciones «que funcionaban al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables»; y jugosos beneficios que no aparecían en ningún papel. Han sido cerca de seis años de investigaciones, pero la Audiencia Nacional ya parece haber desenmarañado el complejo modo de actuar de la organización dedicada a la venta de atún procedente de la pesca ilegal, de la que supuestamente formaba parte la empresa cartagenera Ricardo Fuentes.
En un contundente auto el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid encamina a juicio a ocho personas y doce empresas, entre ellas el Grupo Ricardo Fuentes, por la presunta comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos con ese negocio. Entre los procesados, según especifica el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, se encuentran los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García, responsables de la firma cartagenera, principal exportadora de este codicioso manjar a nivel mundial.
Junto a ellos se encuentran también a un paso de sentarse en el banquillo los dirigentes del Grupo Pescnortmar –Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim– y un guardia civil destinado en Torre Pacheco que, presuntamente, daba cobertura a la red facilitando información a los responsables de Ricardo Fuentes sobre los seguimientos de los que eran objeto.
Hasta siete presuntos delitos
En su auto de pase a procedimiento abreviado, la magistrada realiza un contundente relato de hechos en el que, incluso, acusa a la supuesta organización de trabajar en «pésimas condiciones de salubridad». Advierte, asimismo, de las malas condiciones para el consumo humano de algunos de esos atunes, a los que supuestamente inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, «poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores». La instructora considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de presuntos delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. La jueza da ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Sortear los estrictos controles
En un auto de 17 folios, la magistrada María Tardón hace hincapié en que la comercialización de atun rojo se encuentra actualmente sometida –en base al Plan de Recuperación para el atún rojo del Atlántico Oriental y Mediterráneo– a «estrictos requisitos legales de documentación y trazabilidad». Es precisamente, argumenta, con el objetivo de sortear este obstáculo y poder introducir el género procedente de la pesca furtiva en el circuito comercial, con el que surge esta presunta red que, según se desprende de lo instruido, tiene a la empresa cartagenera en el centro.
El auto explica que parte de la actividad de este grupo se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente. Otra parte se realizaba supuestamente de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano. Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue supuestamente ideado por la organización para dificultar la detección del fraude. Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole, explica el escrito.
La jueza acusa a los hermanos José y Juan Pedro García de conocer y fomentar las presuntas manipulaciones documentales para amparar ese supuesto comercio ilegal de atún de procedencia ilegal. En el caso del primero, subraya la instructora, la investigación ha destapado que mantenía un contacto estrecho con la directora general de Pesca de Malta, que supuestamente intercedía en favor de sus intereses a cambio de obtener diferentes pagos.
La magistrada señala, asimismo, que la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación. A esto se suma el hecho, sostiene, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido.
La magistrada añade que la constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos. Esta es una cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta amparada bajo esta documentación producía la consecuencia de que, finalmente, no podía conocerse de dónde procedía el atún, cuándo se había sacrificado, cuánto tiempo llevaba en expedición...
En el contexto de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores, indica.
Para la instructora, han quedado también indiciariamente acreditadas las condiciones en las que funcionaban las instalaciones de los investigados, especialmente una «nave B» que utilizaban sin permiso administrativo de funcionamiento y que operaba al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables, según remarca la Audiencia Nacional en su auto.
Todo este conjunto de irregularidades, afirma la instructora, supone un peligro evidente para la salud pública como demuestra que en algunas de las muestras de pescado analizadas se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable. Además, subraya que el riesgo para la salud de las personas llegó a concretarse en la detección de alguna intoxicación alimentaria.
«El objetivo final del entramado creado por el grupo criminal es el lucro económico, por lo que las acciones que los investigados realizan en sus diferentes intervenciones están siempre encaminadas a enmascarar la captura de los animales mediante la pesca furtiva y su posterior paso a la cadena de comercialización amparados en documentos falsos emitidos por los integrantes de la organización», subraya la jueza. Le acusa, asimismo, de «ocultar los ingresos dinerarios obtenidos del ilícito comercio». La jueza apunta, en este punto, a la existencia de una contabilidad paralela en las empresas implicadas.
Fuente: Diario La Verdad.
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