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miércoles, 7 de noviembre de 2012

Niños de La Palma dejan de asistir a clase por la supresión del transporte escolar.

Están a tan solo un kilómetro de distancia de su colegio, el Santa Florentina de la diputación de La Palma, pero sus padres se niegan a llevarles a clase desde que comenzó el curso, porque el autobús que años atrás les recogía en la parada ya no lo hace. Desde la aplicación, por parte de la Consejería de Educación, de la nueva normativa que dice que quienes viven a menos de tres kilómetros de su centro educativo ya no tienen derecho al uso del transporte escolar, estos estudiantes no acuden a clase, según denunció el PSOE en un comunicado, y confirmaron a este diario varias fuentes vecinales.
 
La eliminación de la línea ha afectado a 25 alumnos de ese centro, de entre tres y doce años, pertenecientes a Educación Infantil y Primaria. La mayoría viven en el caserío de Los Ingleses pero también en poblaciones colindantes como La Aparecida. Los padres del primero de los pueblos denuncian que no están dispuestos a exponer a sus pequeños al riesgo de un atropello, ya que para acudir a la escuela deben hacerlo por la acera de una carretera muy transitada por vehículos.
 
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos (FAPA) de Cartagena, creen que el peligro al que están expuestos los niños es mínimo, pero aun así, el viernes pasado se reunieron con el director general de Infraestructuras y Promoción Educativa, José María Ramírez, para buscar una solución.
 
Los recogerán hoy
 
Según el presidente del colectivo de padres, Roberto Carlos Navarro, «al final llegamos a un acuerdo para restablecer el servicio esta misma semana. Lo importante de todo es que se ha podido solucionar y los niños podrán volver a clase», resaltó.
 
Una profesora del colegio Santa Florentina, cuya identidad quiso mantener en el anonimato, aseguró que el servicio se restablecerá hoy mismo. La Consejería de Educación lo confirmó y dijo que lo que se ha hecho es poner un autobús más grande.
 
Los padres de los niños llevan haciendo presión desde que comenzó el curso para que el servicio de transporte escolar sea restablecido. Incluso llegaron a reunirse con la Asociación de Padres de Alumnos del Santa Florentina y con los miembros de la junta vecinal de La Palma. Fue entonces cuando, al conocer su postura, el presidente de la FAPA, miembro también de la Ampa de La Palma, intercedió con la Consejería de Educación. «Habría que haberse sentado desde un principio para evitar que los niños salieran perjudicados».
 
Que los padres, la mayoría inmigrantes, se hayan negado a llevar a sus hijos a clase podría considerarse delito de abandono de familia por permitir el absentismo escolar, pero la fiscal jefe de Cartagena, Verónica Celdrán, cree que no hay intención dolosa de los padres de privar a sus hijos de la enseñanza obligatoria, sino tan solo de presionar para que sus hijos tengan transporte escolar. Eso si, esta acción, aseguró, «está en la frontera de lo legal, porque por encima de todo está el derecho a la educación».
 
 
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