La formación de izquierdas ha presentado una moción para el próximo pleno municipal con ese objetivo, recordando que un año atrás fue rechazada una petición similar. "Las 129 familias sólo quieren recuperar sus propiedades", expresa la edil Leli García, quien también solicita al gobierno local de Cartagena que medie con el Obispado para favorecer un encuentro entre ambas entidades ya que las dos peticiones efectuadas por el colectivo no han tenido respuesta.
La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Leli García, solicitará en el próximo pleno del mes de febrero que el Ayuntamiento de Cartagena muestre su apoyo a los vecinos y vecinas de la Asociación de Afectados por el Cementerio de La Palma, e instará a que éste, a través del Gobierno local medie con el Obispado de Cartagena para favorecer un encuentro entre ambas partes.
La edil ha recordado que hace casi un año su grupo ya presentó una iniciativa en el mes de marzo sobre el tema de las inmatriculaciones relacionadas con nuestro municipio. En aquella ocasión la iniciativa la iniciativa salió rechazada, aunque obtuvo el respaldo de los concejales no adscritos, que forman parte del Gobierno municipal, “solo esperamos que esta vez la iniciativa que llevaremos encuentre el respaldo mayoritario del consistorio”, ha declarado García.
Para la portavoz del grupo es necesario hacer un poco de historia sobre este tema y recordar que entre los años 1998 y 2015, la Iglesia Católica registró a su nombre más de 35.000 bienes inmuebles, gracias a una modificación del reglamento hipotecario que aprobó el Gobierno de José María Aznar. Esta modificación permitía a la Iglesia adjudicarse inmuebles con el único requisito de la firma del Obispo de la diócesis a la que perteneciese dicho inmueble.
“Sin embargo, sin duda gracias a la presión mediática y a asociaciones como Recuperando, es ahora cuando la cúpula eclesiástica admite que más de 2.500 de esos bienes acabaron en los registros de inmatriculaciones por errores. De estos 1.027 se han remitido al Gobierno de España, el cual ha asegurado que lo pondrá en conocimiento de las entidades locales para que se puedan iniciar los procesos de regularización que pudieran corresponder”, ha destacado Leli García.
De esos 1.027 bienes remitidos por la Iglesia Católica, 19 corresponden al Obispado de Cartagena y entre los que increíblemente no se encuentra el cementerio de La Palma.
“Queremos recordar lo que supuso en su día las inmatriculaciones para algunos ciudadanos de nuestra comarca, y que, a día de hoy, siguen reclamando sus derechos. Nos referimos 129 vecinos y vecinas de La Palma, con sus familias, por lo que la cifra de afectados es bastante superior”, ha declarado la portavoz.
Todo comenzó en el año 2010. En ese momento el Parlamento Europeo advirtió a España que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades, tenía los días contados. Y se tocó a arrebato desde los obispados para acelerar y culminar el proceso. El párroco que ejercía en la parroquia Santa Florentina de La Palma, Diócesis de Cartagena, y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas del cementerio de la citada población que sus propiedades no podían estar a nombre de difuntos y por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad. En esa “actualización” se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento a 50 años, que evidentemente no era lo mismo. Y en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior.
Desde la Asociación de afectados por el Cementerio de La Palma, de la que forman parte los propietarios perjudicados por el cambio operado en los títulos de propiedad, nos informan de que previamente al inicio de procedimientos judiciales ejerciendo su derecho a velar por sus intereses, habían intentado, sin efecto, dialogar con el Obispado de Cartagena.
No han conseguido ejercer un diálogo con el Obispado y, además, denuncian actitudes coercitivas por parte del párroco de su Iglesia hasta septiembre de 2020, fecha en la que fue trasladado, el cual llegó incluso a indicar a un miembro de la Directiva de esta Asociación que no era bienvenido en la parroquia.
“Todo un ejemplo de valores cristianos que, en cualquier caso, no es motivo para debatir en este Pleno”, ha lamentado la edil, que ha concluido asegurando que “lo que sí puede ser deber de este Pleno, es intentar facilitar un encuentro entre esta asociación y el Obispado. Los vecinos y vecinas de La Palma nos solicitan la mediación de este Ayuntamiento para conseguir ejercer un diálogo entre ambas partes.”
Fuente: Cartagena de Hoy.
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