La inmatriculación del cementerio de La Palma llega a los juzgados.

Cuatro años y medio después de que la Iglesia inmatriculara el cementerio de La Palma; es decir, los inscribiera por primera vez en el registro de la propiedad; el asunto llegará a los juzgados. El malestar de los vecinos y el fracaso de la vía amistosa ante el obispado han provocado que se constituyeran en una asociación de afectados que ha decidido acudir a los tribunales por la venta de la propiedad de las parcelas, los nichos y los panteones que correspondían a los vecinos, que señalan que fueron engañados por el párroco para firmar la cesión de las fosas.

Rafael Sánchez, el abogado que representa a la Asociación de Afectados por la Inmatriculación del Cementerio de La Palma, asegura que hicieron un requerimiento al Obispado de Cartagena para iniciar una vía de diálogo. «Queríamos que escucharan a los vecinos, pero no se les ha dado respuesta. Por ello, la asociación de afectados convocó una asamblea y se decidió recurrir a la justicia», asegura en declaraciones a este periódico. El abogado aclara que aún no se ha presentado la demanda porque la decisión de acudir a los tribunales es muy reciente, y avanza que recurrirán porque «durante más de cien años, la Iglesia ha vendido las parcelas, los nichos y los panteones, cobrando sus beneficios por ello», y ahora no reconocen esas ventas. Según Sánchez, existe un documento anterior en el que se recoge la venta de la propiedad a los vecinos; un documento «que no se ha respetado, porque el actual no hace referencia él».

Por su parte, la asociación Murcia Laica ha mostrado su apoyo a los afectados en su decisión por la «pérdida de derechos a los propietarios de la mayoría de vecinos de La Palma», criticando la actuación del párroco de la localidad antes de la inmatriculación. Según el coordinador, Juan Celdrán, a los afectados «no les ha quedado más remedio que intentar conseguir su justa petición en un tribunal de justicia ante el silencio rotundo como respuesta del episcopado de Cartagena». Celdrán explica que en 2014 el párroco «se dirigió a los vecinos uno por uno para pedir el título de propiedad de la fosa, cambiándolo por un permiso de enterramiento». Mediante «artimañas», aseguran, consiguió que firmaran el documento unos 20 o 30 vecinos, aunque no todos dieron su visto bueno.

Solo el derecho a enterramiento

Años más tarde, conocieron que las fosas ya no eran propiedad de las familias para siempre, sino que, después de la inmatriculación, los palmesanos ya solo poseen el derecho a enterramiento, incluso los que habían comprado la propiedad a perpetuidad. Por su parte, la Dióceses de Cartagena defiende desde que surgió la polémica que el cementerio siempre ha pertenecido a la parroquia, amparándose en documentos del siglo XIX.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto sin éxito con el vicario del Campo de Cartagena, David Martínez, y con el párroco de La Palma, Antonio Jiménez.

La Palma no es el único pueblo del campo de Cartagena en el que la inmatriculación del cementerio ha generado controversias. Sucede algo parecido en Pozo Estrecho, donde el párroco hizo algo similar, pero de momento los vecinos no se han constituido como una asociación de afectados, porque el documento actual sí hace referencia al anterior, en el que se reflejaba la venta de la propiedad a los vecinos. También se han dado casos de denuncias en el Pilar de la Horadada, localidad perteneciente a la Comunidad Valenciana, aunque aún no se han constituido como asociación.

Fuente: La Opinión  de  Murcia.